DANIEL ISGLEAS

El diputado colorado Daniel García Pintos y militares retirados defendieron ayer a los uniformados

procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), a quienes

consideran "prisioneros políticos".

La asociación que nuclea a familiares de civiles, militares y policías muertos en acciones contra el

Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) a comienzos de los años de 1970 lanzó un duro

cuestionamiento al gobierno por su "despiadada política de persecución" contra los militares que

actuaron durante la dictadura, y por la interpretación de la ley de Caducidad.

La ceremonia con que la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las

Instituciones Democráticas -cuyo presidente es el diputado Daniel García Pintos y su vicepresidente es

el teniente general retirado del Ejército Raúl Mermot- recordó ayer un nuevo aniversario del 14 de

abril de 1972. García Pintos y Mermot acaban de conformar un grupo político dentro del Partido

Colorado, que apoya la precandidatura de José Amorín (Batllismo Siglo XXI), quien ayer se acercó a

saludar al comienzo del acto.

El acto se realizó a media mañana en la Plaza de la Bandera, en Tres Cruces. En sus mensajes, tanto

García Pintos como Mermot pidieron que el próximo gobierno celebre esta fecha en forma de acto

oficial, algo que se eliminó bajo esta administración.

Ante algunos cientos de personas, ambos cuestionaron la declaración de inconstitucionalidad dada a la

ley de Caducidad por la Asamblea General, y dijeron que eso se inscribe en una actitud "revanchista"

que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, quien "interpreta a discreción" esa ley. Mermot, por

ejemplo, dijo que la interpretación que el gobierno da a la ley de Caducidad "fomenta odios y

resentimientos".

En esos mensajes, ambos coincidieron en denominar "prisioneros políticos" de este gobierno a

Gregorio Álvarez y a los otros militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la

dictadura y recluidos en el establecimiento de Paso de la Arena, y dijeron que la Justicia se pronunció

en base a "testimonios" y no por "pruebas". Por ello, reclamaron un juicio "justo" con una fiscal "que

no sea juez y parte", algo de lo que acusan a Mirtha Guianze al sostener que tiene simpatías por la

izquierda y que por eso no es imparcial. Ella "debió haberse auto excluido" del caso, pidieron.

MANDADOS.

García Pintos, a su vez, la emprendió contra el precandidato del Frente Amplio José Mujica, a quien

volvió a acusar de "hacerle mandados" al matrimonio argentino de Néstor Kirchner y Cristina

Fernández. El diputado colorado dijo que por esos "mandados" el gobierno argentino concederá tres

días de asueto pago para que los uruguayos radicados en Argentina vengan a votar. Según García

Pintos, Mujica, a pedido de los Kirchner, cambió su postura acerca de no anular la ley de Caducidad,

poniéndose al frente de la recolección de firmas. Para el diputado, la misma motivación tuvo Mujica

cuando criticó el secreto bancario.

Sobre mediodía, el Círculo Militar y el Centro Militar organizaron un acto donde el presidente de

aquella institución, el general retirado Ricardo Galarza, pidió por la liberación de los militares que

están en Chile.

En un discurso pronunciado ante el ex presidente Julio María Sanguinetti, el ex vicepresidente

Gonzalo Aguirre, y ex jerarcas militares retirados, Galarza dijo que la decisión del presidente Vázquez

de extraditar a los tres militares se compadece con la de otros gobiernos latinoamericanos y "crean las

condiciones para el juzgamiento de quienes, victoriosos, habiendo defendido con éxito las

instituciones amenazadas, deben sufrir hoy las consecuencias de tal desvarío".